Nuestro Perú viene arrastrando problemas de inseguridad desde hace muchos años. Actualmente los remanentes del fenómeno subversivo que comenzó en los años ochenta, han debilitado nuestro actuar como sociedad frente a otro fenómeno, el de la delincuencia común que ataca a nuestra sociedad desde mucho antes que el terrorismo.
Siendo la delincuencia un mal que perdura en el tiempo, hubo épocas marcadas por ciertos hechos que ponen en “jaque” las políticas de seguridad en el Perú. Está el narcotráfico, por ejemplo; el ingreso de extranjeros como ayuda humanitaria sin la debida verificación de documentos que acrediten su solvencia moral y; últimamente, con ocasión de la pandemia del COVID el incremento de los delitos informáticos.
Hay otros actos de violencia que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, los cuales no son considerados como ilegales por la población. Entre ellos, los más notorios son la violencia doméstica ejercida contra las mujeres y los niños; los accidentes de tránsito y la televisión agresiva en su contenido. En todos los casos el Perú muestra un rápido crecimiento de incidencias que resulta muy ilustrativo para medir el deterioro de las condiciones de vida. Todas estas expresiones que fomentan, de una u otra manera, el sentimiento de inseguridad de la población peruana son sin duda síntomas de graves problemas que radican en la sociedad.
Por otro lado, hay un fuerte problema en la incapacidad institucional para hacer frente a esta realidad. Es un hecho que la policía peruana se encuentra sumida en una profunda crisis de manera tal que bien podría formar parte del problema, dado la gran cantidad de efectivos que se han comprometido en actos delictivos. Las otras instituciones que guardan relación con la seguridad pública, como son el Poder Judicial y el sistema penitenciario, están sumidas en el problema y resultan inadecuados para las circunstancias actuales que presenta el país.
Ante este panorama, el Perú necesita reorganizar las instituciones convirtiéndolas en efectivas y eficientes, que brinden servicios de seguridad y justicia, que activen la prevención, el control, la investigación, llevando a una correcta judicialización, una justa condena y una real rehabilitación.
La capacitación, depuración y control de la policía harán recuperar la confianza de la comunidad. Un sistema de justicia ágil, eficiente, justo y sobre todo libre de corrupción contribuirá a reducir la inseguridad. Y, no menos importante: el apoyo de la sociedad peruana para promover acciones preventivas y convivencia pacífica, harán de este un país más seguro.